Legisladores del Frente Amplio, la dirección del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), y expertos en niñez y en seguridad pública, discreparon con los dichos del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, quien anunció que el gobierno analiza la posibilidad de “crear reformatorios” y buscar “hogares sustitutos”, para niños de entre 8 y 12 años que integran “bandas armadas” dirigidas por narcotraficantes.
El ministro señaló que la idea del Poder Ejecutivo es quitar la patria potestad a los padres o responsables de esos niños, ya sea en el marco del Código de la Niñez y la Adolescencia, o a partir de la elaboración de una nueva ley.
Para el diputado Luis Puig (PVP), “no es creando reformatorios que se resuelve el problema, sino creando alternativas para niños y jóvenes”. En la misma línea opinó la diputada socialista Daisy Tourné, ex ministra del Interior. “Hay que proteger a los niños en extrema vulnerabilidad y a los que están siendo manejados por narcos, pero no podemos plantear el tema como una generalidad”, señaló.
Por su parte, el director del INAU, Jorge Ferrando, aseguró que la cantidad de bandas integradas por niños no presenta “números alarmantes”, pero se debe “actuar preventivamente”, para evitar que las cifras aumenten.
También los especialistas criticaron el anuncio de Bonomi. “Para quitar la patria potestad el Estado tiene que ofrecer una realidad mejor a esos niños, y las instituciones estatales se han destacado por importantes carencias”, señaló el sociólogo Luis Eduardo Morás, experto en seguridad pública. “Es una solución dura”, agregó.
El coordinador del Comité de los Derechos del Niño, Luis Pedernera, calificó la eventual iniciativa de “peligrosa”, porque “se vuelve a poner el foco y a criminalizar a las familias de los niños pobres”. “Nos están pintando un panorama de favelización que muchos expertos y sociólogos dicen que no es así. En Uruguay estamos acostumbrados a generalizar casos puntuales y en base a eso legislar”, afirmó.
