Entrevistado por el diario El Observador, el ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Ricardo Pérez Manrique, criticó el endurecimiento de las penas para los adolescentes y la falta de políticas de prevención del delito.
El magistrado aseguró que “en los últimos años se ha legislado respecto a adolescentes infractores, teniendo en cuenta una fuerte demanda de seguridad de la opinión pública”. Puso como ejemplo la ley que mantiene los antecedentes de los adolescentes que cometen delitos y la extensión de la prisión preventiva de 60 a 90 días, surgidas a raíz de un caso puntual en el que un adolescente participó de un asesinato. Luego, tras lo ocurrido en La Pasiva, se aprobó el endurecimiento de las penas, estableciendo la privación de libertad obligatoria para los delitos gravísimos.
“Mi posición es que este tipo de legislación, que tiene que ver con situaciones que son emergentes de la sociedad y que tratan de solucionar de manera inmediata un problema concreto vinculado a la seguridad, no es lo mejor”, opinó Pérez Manrique, para quien a partir de estas leyes, el CNA “ha sido alterado”. “Creo que hay que actuar con criterio de sistema y, sobre todo, hay que tener la paciencia y madurez necesarias para esperar que los sistemas produzcan efectos en el tiempo”, agregó.
Respecto al aumento de las penas, el ministro de la SCJ dijo que “lo esencial no pasa por el número de años que pueda estar encarcelada la persona”. Sostuvo que es necesario que cuando se priva de libertad, “exista realmente la posibilidad a través de políticas educativas eficientes y eficaces de lograr la recuperación y que esa persona se pueda presentar en la sociedad sin reincidir”. Recordó que esta ley está incrementando la cantidad de adolescentes privados de libertad a un promedio de entre un 7% y 10% mensual. “Así, vamos rápidamente hacia un hacinamiento y una imposibilidad muy fuerte de trabajar con estas personas en recuperación”, advirtió.
Sobre la falta de políticas preventivas que eviten que nuevos adolescentes cometan delitos, dijo que es un tema que “merece una profunda meditación de la sociedad. Porque quiere decir que tenemos (…) una fábrica de delincuentes juveniles que está funcionando a pleno”. Para Pérez Manrique, “la sociedad no ha podido, hasta ahora, tener respuestas a través de políticas sociales, de la educación. No ha podido ponerle un dique de contención a este crecimiento abrupto de infractores”.
