La ley que establece una pena mínima de un año de privación de libertad para los adolescentes que cometan delitos considerados gravísimos entró en vigencia el pasado 1º de Febrero.
Durante el primer mes de reglamentada la normativa, 82 adolescentes fueron privados de libertad. Las cifras llevaron a algunos operadores judiciales a aventurar que el sistema no podrá hacer frente al aumento de adolescentes privados de libertad. “Colapsará”, aseguró el abogado Daniel Sayagués Laso, quien estimó que para el mes de julio habrá unos 600 adolescentes privados de libertad y unos 800 para fin de año. Actualmente la población privada de libertad es de 520 adolescentes.
Por su parte, el director del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), Ruben Villaverde, dijo que el organismo se encuentra trabajando al respecto, y adelantó que para fin de año habrá 340 nuevas plazas. “Pensamos que, con ese crecimiento, podremos afrontar el impacto de la ley que endurece penas a aquellos adolescentes que cometen delitos graves”, sostuvo.
