Las autoridades del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), expresaron su preocupación sobre el hecho de que no se hayan procesado a los mal llamados “clientes”, en el caso de explotación sexual de adolescentes que tuvo lugar en Paysandú.
El suceso culminó con el procesamiento de quien era hasta ese momento, el secretario general de la intendencia sanducera, el nacionalista Horacio de Los Santos. El ex jerarca tampoco fue imputado por el delito de explotación sexual, sino por “abuso innominado de funciones”.
“Estamos preocupados porque nuevamente no hay procesamientos de clientes. De acuerdo a los testimonios de las adolescentes, habría elementos claros sobre que De Los Santos incurrió en un delito sexual como cliente. Incluso podrían surgir otras personas o lugares de otros casos y no sería bueno limitarlo a un hecho particular”, expresó el vicepresidente del INAU, Jorge Ferrando.
En la misma línea opinó el presidente del Comité para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y no Comercial, Luis Purtscher. El jerarca recordó que desde el año 2010 se puso el foco en Paysandú, considerado un departamento de “alta vulnerabilidad” para la explotación sexual de personas menores de edad. Se mantuvieron reuniones con las autoridades departamentales, con el objetivo de trabajar en conjunto, pero según Purtscher, “no tuvimos mucha recepción”, por lo que “no se pudo concretar nada en particular”. Entre las autoridades con quienes se reunió el Comité, estuvieron el intendente Bertil Bentos y el ahora procesado Horacio de los Santos. Señaló que ambos jerarcas minimizaron el problema de la explotación sexual de adolescentes. “De Los Santos fue portador de ese discurso”, aseguró Purtscher.
Sobre el caso puntual ocurrido días atrás, opinó que la participación de un alto jerarca municipal “le dio un impacto a la noticia” y puso el tema en la opinión pública. “Pero hay que ver si se pone en la agenda”, sostuvo.
Purtscher recordó que desde que comenzaron a funcionar los Juzgados de Crimen Organizado, en 2009, hasta 2012, hubo solo 23 procesamientos. “Ninguno de estos procesamientos alcanzó a personas que tuvieran un estatus social alto o medio alto”, afirmó.
