La Fundación Justicia y Derecho (FJD) presentó ayer la publicación “Delincuencia Juvenil en la ciudad de Montevideo”, investigación realizada por Agustina López y Javier Palummo, en el marco del proyecto Observatorio del Sistema Judicial. El trabajo analiza los delitos cometidos por adolescentes en la capital del país entre los años 2005 y 2010.
Una de las principales constataciones del informe es el aumento de las rapiñas con relación a los hurtos, lo que para los autores es algo que en los últimos años se ha convertido en una característica del sistema. El delito de rapiña aumentó del 59% del total de delitos en el período 2005-2006, al 75.5% en los años 2009-2010.
La consecuencia más inmediata de esta situación es el aumento de la población privada de libertad.
Durante su exposición, el abogado Javier Palummo se refirió respecto de algunos planteos que hacen mención al surgimiento de una “nueva delincuencia contemporánea más violenta y con menos valores”, replicado por autoridades y medios de comunicación. Para el especialista, “este es uno de los argumentos que se utilizan para hablar de la razón del aumento de los delitos. Podemos estar de acuerdo, pero la explicación no nos parece adecuada; faltan argumentos. Este planteo implica depositar la responsabilidad en los adolescentes. Creemos que existen responsabilidades del sistema de políticas públicas”, aseguró.
Otro de los puntos destacados del informe, explicó Palummo, es la fuerte presencia de armas en la sociedad uruguaya. Para el año 2010, en el 76% de los delitos se utilizaron armas de fuego. “Un fenómeno clave para pensar en el aumento de la violencia es la disponibilidad de armas de fuego por parte de los adolescentes”, reflexionó el abogado. Destacó el cambio en el discurso por parte de las autoridades, que han puesto sobre la mesa el tema del desarme, lo que a su vez dejó en evidencia que el asunto no estaba siendo abordado con la urgencia necesaria. “En los últimos meses se habla de desarme, pero antes no estaba tan claro. Esto advierte una ausencia de política agresiva de control de armas en manos de la población civil. Si bien existe un proyecto de ley del Ministerio del Interior en trámite parlamentario, no parece ser prioridad en la política de seguridad ciudadana”, sostuvo.
Según datos de marzo de 2006, había casi 600.000 armas inscriptas, incluidas las de las Fuerzas Armadas y la Policía, que representan el 8% del total. De las 385.000 personas inscriptas, solo 1187 eran coleccionistas.
“El adolescente podrá querer portar armas porque genera prestigio en un sistema de valores que él maneja, pero más allá de eso, lo preocupante es que puede acceder a ellas, están disponibles”, finalizó Palummo.
