El pasado 4 de octubre, el Poder Ejecutivo habilitó mediante un decreto, a que el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) pueda efectuar contrataciones directas para la mejora de los hogares de privación de libertad. Con esto se busca evitar el mecanismo usual, que obliga a los organismos del Estado a solicitar tres cotizaciones a las empresas.
El decreto señala la existencia de una “importante superpoblación” en los hogares del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), lo que “responde fundamentalmente a una sensible disminución en el número de las fugas verificadas en los últimos años”. El documento agrega que “dadas las actuales condiciones de alojamiento y las particularidades del objeto a contratar, no es posible dar cumplimiento” a la exigencia de solicitar tres cotizaciones, “sin que se resienta seriamente el servicio y la atención de los adolescentes internados por disposición judicial”.
A partir de este decreto, el Sirpa contrató una empresa privada para instalar un cerco perimetral en dos hogares de los denominados “abiertos” de la Colonia Berro, donde se habían producido fugas en los últimos tiempos. “Lo primero que hicimos fue atender la seguridad”, sostuvo el director del Sirpa, Robert Alonso. “Las fugas, si se dan, que sea por fallas humanas, pero no puede ser que ocurran por falta de un (cerco) perimetral”, agregó.
En el Sirpa esperan que antes de fin de mes el Ministerio del Interior ceda el predio de La Tablada, donde serían trasladados los adolescentes actualmente privados de libertad en el establecimiento “Ser” de la Colonia Berro, el cual sería reparado. Además, se están realizando refacciones en otros establecimientos, y se espera la instalación de centros regionales de privación de libertad en Soriano, Lavalleja y Tacuarembó.
Alonso dijo que una vez encaminada la mejora de la seguridad, el objetivo del organismo es “apostar a las medidas no privativas de libertad”.
