Según informó el abogado de oficio, Daniel Sayagués Laso, las condenas a adolescentes por el delito de rapiña en 2012, descendieron un 30% respecto al año anterior. Para el abogado, se trata de una cifra “muy significativa”, la cual adjudicó a la reducción de las fugas de los centros de privación de libertad. De acuerdo al abogado, esto repercute en los índices de reincidencia.
En otro orden, la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), denunció ante los juzgados de adolescentes, eventuales malos tratos y golpizas contra los adolescentes privados de libertad, por parte de funcionarios de la Colonia Berro.
Juan Faroppa, integrante de la INDDHH, dijo que se trata de un tema “muy delicado”, y si bien no adelantó el número de denuncias, sí afirmó que “fueron unas cuantas”.
Por su parte, el representante de Unicef en Uruguay, Egidio Crotti, expresó su preocupación por “la focalización en los adolescentes como casi el elemento principal de la inseguridad” en el país. Recordó que los adolescentes no pueden ser juzgados penalmente como adultos, y cuestionó el endurecimiento de las penas, y el hecho de que se siga insistiendo con la privación de libertad, que ha tenido resultados negativos entre los adultos. “¿Por qué querer aplicar a los adolescentes una estrategia que no ha dado prueba fehaciente con los adultos?”, preguntó.
“Si vamos avanzando con este endurecimiento, ¿qué va a pasar con el Uruguay en los próximos años?”. Crotti señaló que en su país de origen, Italia, con más de 60 millones de habitantes, hay unos 500 adolescentes privados de libertad, mientras que en Uruguay con una población 20 veces menor, hay un número similar. “Esto debe hacernos reflexionar (sobre) si este es el camino para tener una sociedad más segura”, finalizó.
