A una semana de entrar en vigencia la ley que establece una pena mínima de un año de privación de libertad para los adolescentes que cometan delitos gravísimos, algunos operadores judiciales señalaron que el texto no es claro al respecto y que la ley puede no aplicarse.
El abogado Daniel Sayagués Laso, dijo que se trata de una redacción “ambigua”, por lo que “se puede interpretar que no es obligatoria” la privación de libertad preceptiva, tal como se propone en la ley.
También el fiscal Diego Pérez consideró que “no es clara la redacción” de la norma. Señaló que la intención de los legisladores fue establecer una pena mínima para los adolescentes que cometan delitos gravísimos. “Sin embargo, la forma en que quedó redactada se presta a doble interpretación”, opinó.
No obstante, la jueza de adolescentes, Aída Vera Barreto, aseguró que los fiscales “están obligados” a solicitar la privación de libertad para delitos gravísimos.
Respecto al impacto que la aplicación de la ley puede tener en los centros de privación de libertad, Sayagués Laso opinó que “de una manera u otra el sistema va a colapsar”. El abogado arriesgó que la población de los centros “crecerá a razón de un internado por día”, y estimó que para mediados de año habrá más de 600 adolescentes privados de libertad.
Ruben Villaverde, presidente del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), consideró por su parte que el impacto será “entre leve y moderado”, ya que el organismo está trabajando “en un plan de construcciones”, para aumentar las plazas disponibles.
