Según un relevamiento realizado en el año 2009 por el Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social y la Red Uruguaya de Autonomías, el 80% de los liceales –tanto de centros públicos como privados- había sufrido violencia doméstica en algún momento de su vida, en una o más de sus formas: el 98.5% dijo ser víctima de violencia psicológica, el 35% violencia física y el 28% había tenido experiencias de contactos sexuales impuestos.
Con estas cifras, una de las apuestas de la Dirección de Derechos Humanos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), es la implementación de un mapa de ruta, un protocolo de actuación dirigido a docentes, en el entendido que los centros educativos son un lugar clave para detectar casos de violencia doméstica. En el 2011, en el 72% de los centros de enseñanza media se detectó al menos un caso, pero las intervenciones, a falta de ese protocolo, fueron irregulares y por lo general encaradas durante la primera parte del proceso.
Según Mariana Durán, psicóloga y maestra que integra la Dirección de DDHH de la ANEP, el protocolo constará de cuatro etapas: detectar el caso y formar un equipo de trabajo que encare la situación, incluyendo al adolescente en el modelo de intervención; determinar el nivel de gravedad y urgencia del caso y contactarse con algún adulto protector del entorno de la víctima; establecer contacto con las instituciones pertinentes (Policía, Justicia, INAU, Salud Pública); y dar seguimiento y apoyo al caso.
Los docentes que ya se han enfrentado al problema, han tenido que hacerle frente, en la mayoría de los casos, de manera solitaria. El desinterés de sus colegas en algunos casos, el miedo en otros, y la incapacidad institucional para el abordaje siempre, son las principales dificultades.
“Muchos piensan que somos semi locos”, asegura el director de una UTU que vivió en su centro educativo un caso de violencia doméstica cuya víctima era una alumna, en referencia a sus colegas. “Otros dicen ‘no escuché nada’ o dan a entender que puede haber una situación de violencia pero sin llegar a comprometerse”, agrega.
El director hizo la denuncia y estuvo dispuesto a declarar, pero consciente de que no tiene apoyo institucional ni el de la mayoría de sus colegas. “No me arrepiento de mi actitud, lo volvería a hacer, pero nosotros somos los que estamos siempre acá. Después viene la familia que puede tener una visión distinta del asunto. ¿Qué garantías tenemos?”, cuestiona.
Durán, por su parte, explica que los docentes no consideran que el tema tenga que ver con su profesión. Pero lo ve de manera diferente. “Si se piensa la educación como un ámbito para el ejercicio de la cultura del derecho, como un espacio de socialización, un ámbito privilegiado para reflexionar sobre los modelos vinculares, entonces es indudablemente un ámbito donde abordar estos temas”, sostiene. Lo mismo opina si se contempla la educación desde lo estrictamente académico, “desde la posibilidad de evitar la desvinculación”. “Entonces, desde todo punto de vista, educación, y educación en derechos humanos remiten al mismo espacio conceptual, y educación en derechos humanos remite a atender todo tipo de vulneraciones, en este caso las que tienen que ver con género y generación. Por eso el abordaje desde la violencia doméstica”, señala Durán.
