La bancada de diputados del Frente Amplio (FA) citó a los ministros de Desarrollo Social y de Educación, Daniel Olesker y Ricardo Ehrlich, respectivamente, para analizar el tema de la quita de la asignación familiar en los hogares en los que los beneficiarios no van a ningún centro educativo.
Desde el gobierno se observa con preocupación el hecho de que se incurra en injusticias con algunas de las familias beneficiarias. En el último Consejo de Ministros se plantearon casos de adolescentes que dejaron el liceo porque se anotaron en la UTU, o se integraron al programa Jóvenes en Red. También existen casos de niños que pasaron de la educación pública a la privada, y los colegios todavía no han actualizado la información. Por este motivo, el gabinete definió reglamentar los artículos de la ley de asignaciones para flexibilizar todo lo relativo al cumplimiento de esta contraprestación. La idea es establecer la posibilidad de que se cambie de centro de estudio.
Entre los legisladores del FA no existe consenso sobre suspender o no el pago de las asignaciones. Según el BPS, habría unas 32 mil familias en esta situación.
Berta Sanseverino (Asamblea Uruguay), dijo que no es solo una cuestión administrativa, sino política y social. “Tenemos que salir en busca de esos 32 mil para analizar dónde están localizados, quiénes son y si hay una cuestión de género”, expresó. La diputada agregó que este tema requiere de una “gran reflexión de la sociedad”.
Alejandro Sánchez (MPP), se mostró de acuerdo con la suspensión de las asignaciones. “Desde el punto de vista político no queda otro margen porque la ley dice eso”, señaló. No obstante, opinó que “lo importante es que los gurises vayan a la escuela”. “La gente debe enviar a sus hijos a la escuela (…) porque es su derecho y no una obligación. Todos deberíamos trabajar para que ese derecho se ejerza”, sostuvo.
