El proyecto de ley que aumenta las penas para los adolescentes que cometen delitos, recibió ayer varias críticas de legisladores e integrantes de Organizaciones no Gubernamentales especializadas en la temática. Estos últimos, además, cuestionaron que no hayan sido consultados para la redacción del proyecto.
El abogado Luis Pedernera, del Comité de los Derechos del Niño-Uruguay, dijo que le “llama la atención”, que las organizaciones especializadas no fueran invitadas a dar su opinión sobre el tema. Sobre el proyecto, aseguró que aumentar de cinco a diez años las penas máximas para los delitos gravísimos “es exagerado y preocupante”. Agregó que esta propuesta responde a “un reclamo social que coloca a los adolescentes como principal causa de la inseguridad”. El problema, señaló, “no se soluciona con más castigo”.
En la misma línea opinó el abogado Juan Fumeiro, coordinador del área de justicia penal juvenil del Comité. “La sociedad civil debió ser tenida en cuenta para hacer sus aportes. Nosotros tenemos gente capacitada y especializada pero no fuimos convocados”, sostuvo.
El presidente del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), Rubén Villaverde, reconoció que “nadie está feliz” con aumentar las penas, pero justificó de todas formas el proyecto. “Tenemos una realidad extremadamente compleja y debemos dar una respuesta”, opinó.
Sobre el mismo tema debatieron ayer, en la Junta Departamental de Montevideo, el diputado del Frente Amplio, Julio Bango (Partido Socialista), y el dirigente colorado Roberto Yavarone, uno de los redactores del proyecto.
Yavarone dijo que el proyecto “no baja la edad de imputabilidad, sino que hace aplicable el régimen penal para la franja de 16 a 18 años”, y agregó que “la pregunta es a qué edad una persona tiene conciencia de la ilicitud de sus actos”.
Bango criticó lo expuesto por Yavarone, explicando que “hoy los procesos hacen que los adolescentes sean más inmaduros que hace unos años”. Cuestionó que sólo se impongan penas para los adolescentes mayores de 16 años, “pero no haya la más mínima propuesta sobre un paquete de derechos que obtendrían al ser considerados mayores o adultos”.
