El Ministerio de Salud Pública (MSP) ya se encuentra trabajando en la reglamentación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, promulgada el pasado miércoles. Por ley, el organismo tiene un mes para definir la reglamentación, pero reconocidas las dificultades para su implementación, se está trabajando en ello desde hace tres semanas.
“Será una fase compleja”, asumió el subsecretario del MSP, Leonel Briozzo. Algunos de los puntos a determinar tienen que ver con la venta del fármaco Misoprostol, la disponibilidad de recursos humanos para llegar a todos los rincones del país y los procedimientos para interrumpir los embarazos. En este marco, Briozzo, junto a docentes y ginecólogos del Hospital Pereira Rossell, e integrantes de la Sociedad Ginecotológica del Uruguay, ya se han contactado para elaborar una “guía clínica” que contemple todos estos puntos.
“La ley dice que los procedimientos deben ser en base a la mejor evidencia clínica. Y en la actualidad la evidencia es que hay tres procedimientos: el misoprostol, misoprostol más mifepristone (combinados) y la aspiración intrauterina. Eso es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y nos vamos a afiliar a eso”, explicó Laura Rieppi, directora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva.
Dado que los especialistas coinciden en que el mejor método es combinar los fármacos misoprostol y mifepristone, y que este último no se encuentra a la venta en nuestro país, Briozzo anunció que será ordenada su importación y se lo incluirá en el vademécum.
Respecto al costo, la ley establece que la interrupción del embarazo será considerado un acto médico sin valor comercial, por lo que su costo no deberá ser transferido a las usuarias. De todas formas, “seguramente para la consulta médica tenga que pagarse un ticket”, indicó Rieppi.
Otro tema a definir es el lugar donde se realizarán los procedimientos, si en los centros de salud o en el domicilio de las pacientes. La mayoría de los ginecólogos se inclinan por la segunda opción. Sostienen que con un monitoreo adecuado se puede llevar adelante el procedimiento, lo que además ayudaría a no congestionar los servicios. Rieppi, en tanto, dijo que aún no está definido, pero aseguró que “lo que se va a priorizar es la seguridad de la mujer”.
