Representantes del gobierno, autoridades del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), y especialistas en temas de niñez y adolescencia, manifestaron su oposición a la propuesta del senador del Partido Nacional, Jorge Larrañaga (Alianza Nacional), de aumentar a 10 años la privación de libertad para los adolescentes que cometan delitos gravísimos.
El Código de la Niñez y la Adolescencia establece un máximo de cinco años.
El director del INAU, Jorge Ferrando, consideró que es un «error» creer que el problema se soluciona «con más años de prisión».
El diputado socialista Julio Bango, quien presidió la Comisión Bicameral que trató el tema durante el 2011, opinó en la misma línea. «Hay que mantener los máximos de pena en cinco años. Porque si en cinco años no se puede hacer nada, es un problema de política pública que las cosas no funcionan», dijo. Bango se mostró a favor de «poner mínimos para delitos gravísimos», siempre que se tenga a la «reeducación como guía para bajar la delincuencia».
Luis Pedernera, coordinador del Comité de los Derechos del Niño, también rechazó cualquier propuesta tendiente a aumentar las penas. «El adolescente tiene una característica de encontrarse en desarrollo, entonces la dimensión subjetiva del tiempo y el espacio cobra particular relevancia a esa edad (…) No es lo mismo un mes para el adulto que para el adolescente», recordó.
El especialista se refirió además a las condiciones en las que cumplen su condena los adolescentes, quienes pasan la mayor parte del día encerrados en sus celdas. «¿Para qué se quieren aumentar las penas? ¿Para tenerlos 20 horas encerrados sin hacer nada?», concluyó.
