Varios sectores del Frente Amplio (FA), organizaciones de la sociedad civil (OSC), expertos y organismos internacionales se oponen al nuevo Código Penal Juvenil que se encuentra a estudio de la Comisión de Constitución y Códigos del Senado.
El proyecto fue redactado por la Comisión especial de seguridad creada por el Poder Ejecutivo y propone aumentar de cinco a diez años las penas máximas para adolescentes que tengan entre 15 y 17 años, que hayan cometido delitos “gravísimo”, estos son: homicidio, violación, rapiña y copamiento.
Juan Fumeiro, abogado coordinador del área justicia penal juvenil del Comité de los Derechos del Niño lamentó que desde el gobierno no se haya consultado a las OSC para redactar dicho proyecto. “La sociedad civil debió de ser tenida en cuenta para hacer sus aportes. Nosotros tenemos gente capacitada y especializada pero no fuimos convocados” sentenció. Agregó que la iniciativa de duplicar las penas va en contra de lo que establece la Convención de los Derechos del Niño, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sostienen que el derecho penal juvenil debe ser siempre mínimo.
Por su parte el abogado Luis Pedernera, del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), también se vio sorprendido por el hecho que las OSC no hayan sido consultadas y dijo que el aumento de penas para adolescentes en conflicto con la ley “es exagerado y preocupante”.
En este marco, en las próximas elecciones nacionales en octubre de 2014, tendrá lugar el plebiscito para que la edad de responsabilidad penal pase de 18 a 16 años. Variadas y disonantes son las voces que apoyan y se oponen a esta reforma constitucional.
Uruguay ratificó en 1990 la Convención de los Derechos del Niño que determina que “se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad…”, de ratificarse el plebiscito la normativa nacional de nuestro país iría en contra de la normativa internacional.
La propuesta de baja de edad de responsabilidad penal no contempla otros cambios que el de aplicar la ley penal a adolescentes de 16 años. No habilita la adquisición de otros derechos a partir de esa edad, cómo votar, poder casarse sin consentimiento de sus tutores, entre otros,
Según el politólogo y director de la consultora Factum, Óscar Botinelli, si Uruguay aprueba esta reforma habrá “una ruptura en la universalidad del sufragio y dejará de ser una democracia plena” debido a que “hay una discriminación cívica o electoral cuando la edad mínima exigida para ejercer derechos cívico-electorales es mayor que la edad para adquirir la mayoría de edad en otros terrenos, ya fuera el civil o el penal”. Botinelli sostiene que si da este paso, Uruguay dejaría de disfrutar de ser una democracia plena como lo fue durante 63 años y de ser una “poliarquía” (gobierno de muchos). “De imponerse la rebaja de edad de imputabilidad, su correlato debe ser la baja de la mayoría de edad para el ejercicio pleno de la ciudadanía y consecuentemente el derecho activo al sufragio” concluyó.
En tanto el Representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) Uruguay, Egidio Crotti, también se manifestó en contra de la posible reforma constitucional. “Los argumentos de Unicef contra la baja de edad de imputabilidad tienen que ver con la Convención de los Derechos del Niño. Alguna gente puede pensar que se trata de acuerdos entre burócratas, utópicos o soñadores. Sin embargo, los estándares que propone la Convención son producto de un consenso básico y por lo tanto son la plataforma que ha permitido que todos los países lo hayan ratificado, con dos excepciones, Estados Unidos y Somalia” sostuvo Crotti.
El representante de Unicef aseguró que las personas menores de 18 años son considerados niños porque además de ser seres humanos con los mismos derechos que todos, son seres en formación, “…por eso se habla de autonomía progresiva , que son sujetos de una protección especial” aseguró.
Crotti también se refirió a las condiciones en que se encuentran los lugares de internación de los adolescentes en conflicto con la ley del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay son “asquerosos”, donde no hay lugar para la rehabilitación efectiva. Advirtió que los chiquilines pasan encerrados 22 horas a diario, que no hay programas educativos, deportivos, ni talleres de oficios, no hay una programa de mediadas alternativas serio y tampoco se cuenta con personal capacitado para el trato y trabajo con adolescentes en esta situación. “En 2004 se aprobó el nuevo Código pero las instituciones se han quedado como antes. No ha habido un proceso de profesionalización ni de especialización. Si uno mira un llamado para personal piden primaria completa, nada más (…) Un mínimo de esperanza de reinserción está en el personal especializado, no se trata de tener una jaula donde están los tigres y uno entra con un látigo”, concluyó Crotti.
Por su parte las abogadas defensoras de adolescentes en conflicto con la ley, Carla Piccininno y Daniela Trotta, aseguran que ni la baja de la edad de imputabilidad ni el endurecimiento de penas son la solución a los problemas de inseguridad. Según las profesionales la respuesta está en “apostar a políticas públicas efectivas” que contemplen propuestas laborales. Piccininno subrayó que la gran mayoría de los adolescentes que entran al sistema son pobres, con bajo nivel educativo, problemas de aprendizaje y con un sinfín de derechos vulnerados, todos factores que empeoran con el tiempo. La abogada señaló que estos adolescentes en algún momento van a salir y llamó a esforzarse para trabajar en apoyo a ese egreso.
