El presidente de la República, José Mujica, promulgó ayer la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada la semana pasada en el Senado. A su vez, el Ministerio de Salud Pública está trabajando en su reglamentación, para lo cual tiene un mes de plazo.
La ley establece que no serán penalizadas las mujeres que decidan interrumpir su embarazo dentro de las doce primeras semanas de gestación –se extiende a catorce semanas si se trata de una violación- y se entrevisten con un equipo multidisciplinario que deberá asesorarlas sobre el tema. Luego tendrá cinco días para reflexionar si mantiene o no su decisión.
La normativa habilita a los médicos a interponer “objeción de conciencia”, pero obliga a las instituciones a brindar el servicio a las usuarias. No obstante, las autoridades del Hospital Evangélico y el Círculo Católico, se manifestaron contra la ley, y adelantaron que evalúan la derivación de todas las mujeres que se presenten a interrumpir su embarazo.