El ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Ricardo Pérez Manrique, aseguró que la ley que endurece las penas a los adolescentes es inconstitucional, y calificó de “invento” la normativa que establece el mantenimiento de los antecedentes una vez cumplida la mayoría de edad.
El magistrado se refirió a este y otros temas en el marco de una conferencia que tuvo lugar el pasado 1º de agosto, de la que participaron varios expertos.
Respecto a la pena mínima de un año de privación de libertad para aquellos delitos considerados gravísimos, Pérez Manrique dijo “que se le está dando valor de pena anticipada a la (pena) preventiva”, ya que la obligatoriedad de la pena preventiva de un año, “debe ser recogida como pena mínima en la sentencia definitiva”.
Sobre el mantenimiento de los antecedentes sostuvo que “tiene poco y nada que ver con el derecho penal adolescente y en realidad lo que crea es un agravante para el derecho penal como adulto”. Agregó que este Código Penal Juvenil es la “ley La Pasiva”, ya que considera que es una respuesta del Poder Ejecutivo a la repercusión que tuvo el asesinato de un empleado de dicho local, ocurrido en mayo de 2012. “Un gran delito, con una gran repercusión social, tiene como consecuencia una modificación legal”, aseguró Manrique. Finalmente, el ministro de la SCJ cuestionó los mensajes con los que “bombardean los medios de comunicación”, y aseguró que éstos presentan a los adolescentes que cometen delitos como “enemigos”.
También el ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia, Eduardo Cavalli, criticó la propuesta del Ejecutivo. “La respuesta ante el delito ha sido aumentar las penas, pero los niveles de delito no bajan. Creo que estamos en un camino absolutamente equivocado”, afirmó.
El fiscal Gilberto Rodríguez, en tanto, defendió la normativa que endurece las penas, ya que a su entender deben darse garantías a la población. No obstante, dijo no acompañar la propuesta de la oposición, de que los adolescentes sean juzgados como adultos. “No hay necesidad de bajar la edad de imputabilidad porque ya existe. Es necesario establecer un derecho penal específico con un proceso de responsabilización más adecuado al requerimiento social”, agregó.
