El consejo directivo de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), aprobó el pasado jueves un borrador de lo que será el primer Código de Ética Periodística (CEP) de nuestro país.
El texto recoge los resultados de un debate nacional que tuvo lugar entre agosto y noviembre, una encuesta de la que participaron 257 trabajadores de diarios, semanarios, radios, televisión y web de todo el país, y las normativas internacionales ratificadas por Uruguay.
La encuesta arrojó que el 89% de los periodistas está de acuerdo con la creación de un CEP, a la vez que para el 71% de los profesionales, este marco de referencia aportará a un periodismo de mejor calidad. El 93%, en tanto, consideró que el CEP debe incluir indicaciones referentes a la protección de niños, niñas y adolescentes, mientras que el 84% opinó lo mismo para la exhibición de violencia extrema o truculenta. A su vez, el 76% señaló que el CEP debe establecer criterios para evitar la “invasión ilegítima de las personas”, o entrevistar a personas en situación de vulnerabilidad.
El texto aprobado por el consejo directivo de APU incluye indicaciones para “evitar coberturas sensacionalistas” de accidentes o hechos delictivos. Entre estas destaca prescindir de imágenes o crónicas que puedan herir la sensibilidad de las víctimas o sus familiares y allegados, así como del público en general, a partir de la difusión de materiales morbosos o que contengan violencia extrema. Se estableció además no profundizar en detalles escabrosos como la exhibición de rostros o cuerpos con evidentes signos de violencia y evitar testimonios que puedan revictimizar a personas en situación de vulnerabilidad.
El texto del CEP incluye un apartado con pautas específicas para los temas vinculados a género y a la niñez y la adolescencia. Uno de los puntos establece que en ningún caso que involucre a menores de edad, aun cuando se trate de situaciones de conflicto con la ley, se pueden proporcionar datos o imágenes que permitan identificarlos, “ni siquiera su nombre de pila, alias o apodo, así como tampoco identificar a víctimas de delitos sexuales cualquiera sea su edad”.
El proceso de elaboración del CEP culminará con una consulta pública, de la que surgirá la versión definitiva. El debate, la encuesta y la propia elaboración del código estuvo organizada por la APU, el Centro de Archivos y Acceso a Información Pública (Cainfo) y el Grupo Medios y Sociedad. Unesco fue el organismo que financió estas instancias.
