El Poder Ejecutivo emitió el pasado viernes un decreto por el cual establece que la sífilis es un “peligro público” y su tratamiento será obligatorio para las mujeres embarazadas que padezcan la enfermedad. También sus parejas estarán obligadas a realizarse el tratamiento, y serán conducidas por la policía en caso de negarse.
El decreto destaca el alto riesgo que significa la sífilis para el feto y los recién nacidos, así como el hecho de que el contagio puede darse en cualquier momento del embarazo. El texto señala que el porcentaje de niños infectados es de entre el 90% y el 100% cuando las madres padecían la enfermedad y no fueron tratadas. También se hace mención a los costos económicos y socio sanitarios de la enfermedad, por lo que se entiende que la misma “involucra a la salud colectiva y configura un peligro de carácter público a custodiar”.
Según datos del Centro Latinoamericano de Perinatología de la Organización Mundial de la Salud, el 2.6% de los niños a los que se les realizó un estudio en el Hospital Pereira Rossell, se les detectó sífilis congénita. En el año 2006 el porcentaje era de 1.2%.
La OPS había alertado sobre la tendencia al aumento de la enfermedad, y señaló que la misma respondía a la falta de información sobre el tema, a partir de fallas en los registros.
