La comisión encargada de redactar el Código Penal Juvenil, entregó el sábado el proyecto al Parlamento, en el que se destaca el aumento de las penas máximas a los adolescentes que cometan delitos gravísimos.
De esta manera, delitos como el homicidio y la rapiña podrán ser penados con hasta 10 años de privación de libertad. De aprobarse, si un adolescente es sentenciado con la pena máxima, al salir, una década después, habrá estado privado de libertad más de la mitad de su vida.
La comisión, designada por el Poder Ejecutivo, fue presidida por el juez Eduardo Cavalli, y contó con la participación de representantes del gobierno, la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía de Corte. Respecto al aumento de las penas, Cavalli dijo que “la finalidad es que el adolescente reconozca su error y se da más espacio para trabajar sobre eso”.
El nuevo Código Penal Juvenil crea la figura del “acuerdo”, un punto en que la Comisión, según la exposición de motivos, “tiene cifradas esperanzas de éxito”. En casos en los que los adolescentes reconozcan “espontáneamente su responsabilidad”, y haya consenso entre la fiscalía y la defensa en la tipificación, no se continuará con el proceso. El objetivo es “llegar a una sentencia que, controlando la legalidad, usualmente se resuelve en los mismo términos que peticiona el Ministerio Público y se allana la defensa”.
El proyecto busca darle mayor cabida a la “mediación como forma de solucionar el conflicto que provoca la infracción cometida por el adolescente en el medio social”. Se apunta a que “el propio joven proponga y lleve adelante su propia reparación del mal, con acciones o conductas que le hagan asumir su error y noción de responsabilidad como integrante del colectivo social”.
