El pasado 17 de junio fue promulgada la nueva Ley de Adopciones, que establece varios cambios respecto a la normativa anterior. El texto establece que el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) tendrá un plazo máximo de 24 horas para integrar al niño en un hogar sustituto.
Dicho hogar deberá ser, en primera instancia, el de un familiar biológico, o de una de las familias seleccionadas en el Registro Único de Aspirantes del INAU. En el último de los casos, siempre que estas instancias no se puedan concretar, se dispondrá de la internación provisional del niño.
La ley indica que los niños menores de 2 años no podrán permanecer más de 45 días institucionalizados. Para aquellos de entre 2 y 7 años, el plazo será de 90 días.
El presidente del INAU, Javier Salsamendi, explicó que “antes no había un plazo estipulado” para que el juez tomara una decisión sobre si separar al niño de su familia biológica o no. “El trámite se demoraba porque a veces se tenía que ubicar a la familia y verificar el abandono”, agregó.
El trámite de adopción también sufrió modificaciones en la nueva ley. El mismo se inicia cuando la Justicia recibe a un niño en situación de abandono, o cuya familia de origen no puede criar. Previo a darlo en adopción, el magistrado debe confirmar la procedencia del niño y verificar, a través de informes psicológicos y sociales, que debe ser dado a una nueva familia. Luego se establece la ruptura del niño con su familia biológica, para finalmente ser dado en adopción en caso que una familia adoptante manifieste su interés y siempre y cuando ningún integrante de su familia de origen esté dispuesto a recibirlo.
Según Beatriz Scarone, directora de Adopciones del INAU, el trámite completo dura durar “como mínimo un año, y puede extenderse hasta cinco años. Depende de la situación, del juzgado y de la historia del niño”.
Otra de las modificaciones más relevantes tiene que ver con que luego de los plazos previstos en la ley, el niño podrá convivir en forma transitoria con la familia adoptiva, aún cuando no se haya completado el proceso. “Es un desafío para la Justicia y para el instituto también. Tendremos que ver cómo funciona en la práctica”, dijo Salsamendi.
