En 2008 el Estado aprobó la ley de acceso a la información pública con el fin de promover el derecho y consolidar la transparencia del Estado. Poco tiempo después, en el correr del mismo año, el Parlamento también aprueba la Ley general de Educación que establece que “la política de difusión resguardará la identidad de los educandos, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización y discriminación”.
A partir de esta situación surge la contradicción que un periodista del Diario El País se encontró a la hora de solicitar a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) datos sobre los resultados de matrícula, promoción y repetición disgregada por centro educativo, amparándose en la ley de habeas data.
Mientras que el Consejo de Educación Primaria (CEIP) accedió al pedio, Secundaria se negó a aportar los datos. Ante esta situación el juez Pablo Eguren, amparándose en la ley de acceso a la información, obligó a Secundaria a dar la información solicitada. Fallo que la ANEP apeló apoyándose en la política de difusión que restringe la difusión de cierta información que está plasmada en la ley de educación.
Desde el Codicen se afirma que el CEIP cometió un error al proporcionar los datos al periodista, que publicó en el suplemento Que pasa, un artículo titulado “Dos Mundos”, en el que se plasma una brecha de repetición que refleja dos realidades en la capital del país, presentándose indicadores similares a Europa y por otra parte otros que se acercan a la realidad de África.
Desde el Codicen, apoyan mayoritariamente declarar la información como reservada, argumentando que proporcionar esos datos promovería la estigmatización de determinados centros educativos y que dicha práctica es característica de sistemas educativos que se rigen por una lógica de mercado, en los cuales los padres eligen a qué centros educativos concurrirán sus hijos según un ranking.
“Si tengo una escuela en Malvín Norte con un 70 por ciento de los alumnos con parásitos, y por lo tanto con déficit de sueño, alimentación, capacidad de concentración, y son parte de una realidad social compleja, el rendimiento de esa escuela es probable que no sea el mismo que una escuela de Punta Carretas, donde las condiciones de las familias son otras. Dar los resultados educativos de esas escuelas y ordenarlas en un ranking no nos dice nada en realidad de cómo trabaja esa escuela, porque esos resultados dependen más bien de un conjunto de condiciones, que no reflejan el buen o mal manejo de la institución”, sentenció el Consejero del Codicen, representante de la oposición Codicen, Daniel Corbo.
Por su parte la presidenta del INEED, Alex Mazzei, afirmó que se plegarán a las disposiciones incluidas en el decreto reglamentario de la ley de acceso a la información pública que habilita a los organismos públicos a declarar reservada cierta información, “…hay varias formas directas e indirectas de proteger la identidad de las personas, porque dando los datos por centro podés estigmatizar a las comunidades educativas de ese centro”.
Por su parte, Marcelo Fontona, presidente de la Asociación de Educación Católica, también apoya la postura de no dar a conocer los datos, debido a que “las pruebas evalúan solamente el nivel académico y no la formación integral, que es tán importante: cómo se forma el chico como ciudadano, qué valores adquiere.”
El Politólogo Nicolas Bentacur afirmó que mostrar las diferencias entre centros educativos sustenta las decisiones de los padres a la hora de elegir una institución para sus hijos, además de promover un sistema de recompensas y sanciones según los resultados y que no favorecen en absoluto a las políticas educativas y las ganancias públicas en nuestro país.
En tanto el sociólogo Tabaré Fernández, es de opinión contraria, afirma que es importante que la sociedad esté al tanto de los resultados educativos para ejercer presión y así promover cambios. “… en la dicotomía de informar o no informar, yo me pongo del lado de informar y luego nos ponemos a discutir qué información tenemos que dar, cómo presentarla contextualizada. Se habla de estigmatización, pero hoy todo el mundo sabe cuáles son las peores escuelas y donde están los mejores liceos…¿Por qué algunos centros tienen resultados tan malos cuando otros –con un alumnado similar- logran mejores resultados? Eso haría responsable a los consejos y también a los directores y a los inspectores.”
Tania da Rosa forma parte del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), para ella lo central está en dar una información de calidad, contextualizada. Que el Estado pueda difundir no sólo resultados e indicadores de rendimiento académico, sino también referir a factores que hacen a la calidad de la educación como los contextos socioculturales, el ausentismo docente, la formación de los mismos, los recursos humanos y materiales que el centro cuente, entre otros.
Para Cainfo la Unidad de Acceso a la Información Pública no debería admitir la reserva de los datos por centro educativo que promueve la ANEP y el INEED. “La difusión de la información estadística por centro, a la que hace mención la ley de educación, es por definición información pública” afirmó da Rosa. A su vez agregó que el mejor “antídoto” para la estigmatización es brindar información de calidad. “Si los resultados de aprendizajes en sí no dicen mucho, si los contextualizamos, y los usamos con buen criterio , pueden generar lo contrario, pueden hacer disminuir los prejuicios y las creencias populares sobre los buenos y malos centros” concluyó.
