Distintos operadores judiciales manifestaron su preocupación por el funcionamiento del Registro Nacional de Antecedentes de adolescentes en conflicto con la ley.
Creado en junio del 2011, comenzó a funcionar formalmente en el mes de setiembre de ese año, y si bien los operadores reconocen que hubo avances en su funcionamiento, consideran que aún no funciona con la agilidad que el sistema requiere. “El sistema ha mejorado sensiblemente, pero necesitaríamos que los informes vayan al juzgado en una semana porque muchas veces cuando voy a dictar sentencia no tengo la planilla”, señaló la jueza Aída Vera Barreto, en referencia a los informes que debe remitir el Instituto Técnico Forense (ITF), sobre si el adolescente cometió algún delito previamente. Esto dificulta el cumplimiento de la ley aprobada el año pasado, por la cual los jueces pueden, en casos de delitos graves, disponer como “pena accesoria” el mantenimiento de los antecedentes hasta los 20 años. Se trata de una norma cuestionada por la mayoría de los magistrados, quienes en muchas ocasiones han expresado sus dudas respecto a la legalidad de la misma. Una muestra de ello es que se ha aplicado solamente en tres casos.
La jueza Barreto reconoció que sigue utilizando los cuadernos de antecedentes que existen en las cuatros sedes de adolescentes de Montevideo, cuyos registros se realizan manualmente. “Para mí es más seguro porque esa información la tengo en el día. Es más práctico que esperar la planilla del ITF”, explicó.
El fiscal de adolescentes, Gilberto Rodríguez, compartió las apreciaciones de Barreto. “Las planillas están viniendo un poco más rápido, pero todavía no las tenemos incorporadas a los expedientes al momento de que la fiscalía presente la acusación”, señaló.
En estos trece meses de funcionamiento del Registro, se registraron 1650 ilícitos por parte de menores de 18 años. Estuvieron involucrados 970 adolescentes, de los cuales 474 tenían antecedentes.
