“El hecho de que los infractores juveniles buscan a otros jóvenes como víctimas preferentes no ocurre solo en Uruguay, sino que es un fenómeno generalizado” señalan Javier Palummo y Agustina López, autores del informe “Delincuencia juvenil en la ciudad de Montevideo” de la Fundación Justicia y Derechos.
El 57% de las víctimas de delitos realizados por adolescentes son jóvenes de entre 13 y 29 años. La mayoría de las víctimas son hombres jóvenes pero se registró un pequeño aumento de las mujeres asaltadas. Mientras que la mayoría de los adolecentes en conflicto con la ley son varones de entre 13 y 17 años.
El informe también resalta que la infantilización de la pobreza, conjuntamente con la crisis que atraviesa la educación y el aumento de la represión y tendencia punitiva hacia niños y adolescentes son procesos que han colaborado con el aumento de la vulnerabilidad social de esta población.
“Desde el punto de vista criminológico, la escasa vinculación con el sistema educativo no es un factor de peso a la hora de explicar la conducta delictiva, pero puede favorecer o contrarrestar las tendencias gestadas por fuera de este”, explica el informe. En el momento en que ser realizó el relevamiento, año 2010, el 20% de los adolescentes en conflicto con la ley estaban insertos dentro del sistema educativo, muy pocos trabajaban y un porcentaje muy bajo realizaba las dos actividades. El 65% de estos adolescentes no trabajaba ni estudiaba, mientras que el 31% de los jóvenes que por alguna razón fueron llevados a tribunales penales estaban en el liceo pero no terminaron el ciclo básico.
El informe saca como conclusión que la falta de formación de estos adolescentes no le permite acceder a empleos de calidad. Problemas como el desempleo juvenil, que triplica al desempleo de adultos, el desinterés por el estudio que es la mayor causa de abandono escolar, la falta de actividades participativas y recreativas son elementos que inciden en la situación de vulnerabilidad adolescente.