Si bien desde el año 2009, la ley 18.590 modificó algunos aspectos del Código de la Niñez y la Adolescencia vinculados a la adopción –se pasó de la adopción simple a la adopción plena, que apunta a la integración total del niño en la familia adoptiva, cortando lazos con su familia de origen, y otorgó al INAU el monopolio para las adopciones-, todavía hay cuestiones que siguen en discusión.
Una de ellas es si deben continuar existiendo las familias de acogida; la otra tiene que ver con los plazos máximos que tienen los jueces para resolver si la persona menor de edad está en condiciones de volver con su familia o ser adoptado.
De todas formas, y aunque los cambios se siguen discutiendo, desde el INAU sostienen que aun cuando se bajen los plazos de adopción –duran un promedio de tres años-, esto no implicará un aumento de las adopciones, dado que hay más adultos que quieren adoptar, que niños en condiciones de ser adoptados. Jorge Ferrando, director del organismo, dijo que uno de los problemas es que las familias adoptantes quieren niños menores de un año, sin problemas físicos o psíquicos. Pero justamente a causa de que las familias de origen de estos niños tienen problemas de drogas, o VIH, “está ocurriendo que hay un incremento de problemas de salud de niños que están en adopción”.
Rosario Cortés, quien desde hace una década es cuidadora, ha recibido 27 niños en ese período, muchos de los cuales se fueron de su casa siendo mayores de edad, ya que nunca pudieron ser reintegrados a sus familias ni puestos en adopción. “Esta es una sociedad que tiene una careta que adopta niños lindos, bonitos y baratos. Si adoptamos un niño, que sea uno que nadie quiera”, afirmó.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Ricardo Pérez Manrique, calificó de “inadmisible” que haya menores de edad que no tengan la chance de integrarse formalmente. Para el juez, se trata de situaciones “violatorias de los derechos de niños y eventualmente de las personas que deseen adoptar”. “Nos quejamos de la poca cantidad de niños que hay para ser adoptados, si ampliamos el espectro de niños evidentemente la situación va a cambiar”, consideró Manrique, quien aseguró que en el pasado se propuso que las situaciones fueran revisadas “una a una independientemente de la edad que tenga el niño”.
De los 4200 menores de edad que están en el INAU, 3000 están en hogares y los 1200 restantes con familias cuidadoras. En lo que va del 2012, fueron adoptados 64 niños, y hay 20 resoluciones judiciales favorables. Ferrando explicó que la mayoría de quienes están en hogares no son “adoptables”, ya sea por los problemas físicos o psíquicos antes mencionados, o porque las propias familias de origen no lo permiten. Sobre este punto, Manrique sostuvo que “la familia de origen debe tener su tiempo para asumir sus obligaciones y si no las asume tiene que ser desplazada por otra familia”. Para Aurora Reolón, de la Asociación de Padres Adoptivos del Uruguay, “no hay que sostener a prepo algo que es insostenible. Una cosa es cuidar el vínculo de origen y otra prefabricarlo”.