Desde que se reglamentó la pensión para niños, niñas y adolescentes huérfanos por delitos de violencia doméstica, en abril de 2012, el Banco de Previsión Social (BPS) recibió 181 solicitudes de pensión. De éstas, aprobó 112 y rechazó 69 por no cumplir con los requisitos.
La ley otorga una pensión no contributiva y una asignación familiar especial para los menores de 21 años que hayan quedado huérfanos. La misma se tramita por intermedio de un tutor, quien debe acreditar que el beneficiario esté vinculado a algún centro de estudio y al tratamiento psicológico indicado. “Esta asignación se otorga y se mantiene siempre y cuando ese niño estudie. Se trata de apoyarlo e incentivar su progreso”, explicó Sixto Amaro, del directorio del BPS.
Desde el organismo se apunta a que el subsidio funcione como una caja de ahorro de la cual el menor de edad pueda valerse una vez cumplidos los 18 años. Pero muchas veces la situación económica obliga a los tutores a acudir a ese dinero todos los meses. “Hay muchos hogares que tutelan a estos niños que no tienen forma ni condiciones para sostenerlo. Y necesitan el dinero mes a mes”, apuntó Amaro.
Mensualmente, el BPS otorga unos $750.000 por estos subsidios. Cada beneficiario recibe aproximadamente $5500 de pensión y $1100 de asignación todos los meses.
