En un informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU, dado a conocer la semana pasada, se asegura que “inquieta” al organismo la “existencia de iniciativas populares que plantean una rebaja de la edad mínima de responsabilidad penal hasta los 16 años”.
El Comité recuerda en el documento que el Estado “debe garantizar la existencia de un régimen penal juvenil respetuoso de los derechos protegidos” por la normativa internacional. Lamentó además que el Estado uruguayo “no haya proporcionado información concreta sobre el resultado de las investigaciones penales y/o disciplinarias abiertas contra oficiales del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) por presuntos abusos sexuales a varias menores internadas en un centro”. El documento destaca las medidas que ha tomado el gobierno para mejorar las condiciones de los adolescentes privados de libertad, pero expresa “preocupación” por la “persistencia de problemas de hacinamiento” en algunos centros.
En otro punto del documento, el Comité de Derechos Humanos de la ONU sostiene que el gobierno uruguayo tiene que “tomar medidas eficaces para combatir el fenómeno de los niños de la calle y la explotación de los niños en general”. Señala además que el Estado debe “organizar campañas” de concientización ciudadana sobre los derechos del niño.
