Dos especialistas en temas de derecho penal y cuestiones referidas al castigo de los delitos, estuvieron en Montevideo en los últimos días y hablaron sobre justicia penal adolescente.
El español Francisco Muñoz Conde, doctor en Derecho, alertó sobre las consecuencias de que los adolescentes sean juzgados como adultos. Dijo que es un problema modificar la normativa vigente para endurecer las penas, en lugar de brindar a los adolescentes, “contención social, política (y) cultural”. Agregó que eso puede responder a que “los políticos lo ven muy rentable, y si además los medios de comunicación hacen campaña y ponen en primera línea” a los adolescentes que cometen delitos, “es fácil que la gente diga vamos a cambiar de sistema de justicia”. “Además, la izquierda no está dejando bien en claro el tema y eso ayuda a los partidos conservadores a afirmar su idea de cambiar las penas”, indicó.
Respecto a las penas para los delitos graves, Conde aseguró que “la internación y la privación de libertad son necesarias”, siempre y cuando el lugar donde estará el adolescente cuente con medidas educativas y de re socialización. “Que tenga una vida lo más parecida a la normal posible, que evite que el encerramiento lo separe de la sociedad en la que vive”.
Por su parte, la estadounidense Sarah Walker, abogada y doctora en Ciencia Política y Sociología, contó su experiencia en el estado de Minnesota, donde la edad de imputabilidad penal subió de 16 a 18 años. Explicó que en muchos estados se estaba bajando la edad a partir de la cual los adolescentes podían ser juzgados como adultos, llegando en algunos lugares a los 14 años, pero comprobaron “que no produce ningún beneficio desde el punto de vista de la seguridad pública, sino todo lo contrario”.
“Los países que estuvieron en esta posición (…) están retrocediendo, porque vieron que les cuesta mucho más dinero y no tiene ninguna eficiencia en la reducción de la inseguridad. Cuando lo que hacés es reducir el mínimo de edad de imputabilidad y aumentar la cantidad de personas que están presas, aumenta el grado de inseguridad”, afirmó.
