Distintos especialistas nacionales e internacionales, debatieron el pasado viernes acerca del anteproyecto de Código Penal Adolescente, que endurece las penas para los adolescentes que cometan delitos considerados graves.
De aprobarse el proyecto, los adolescentes podrán pasar 10 años privados de libertad. Hoy la pena máxima es de cinco años. “Además cuando se habla de delitos graves prácticamente no se define la cantidad de delitos por los que se puede ir a la cárcel”, alertó el representante de Unicef en Uruguay, Egidio Crotti. También advirtió sobre la escasa referencia a las medidas alternativas a la privación de libertad, enfatizando esta última. “Hay que recordar que un alto porcentaje de los chicos que fueron privados de libertad este año eran primerizos”, agregó.
Por su parte, el abogado penalista Francisco Muñoz Conde, dijo que el derecho penal actual se caracteriza por tener tendencias “negativas, represivas y reaccionarias”, que están haciendo “renacer el aspecto más duro y reprobable del poder punitivo del Estado”. El especialista español señaló que el delincuente es percibido como un enemigo y la pena como una suerte de guardián del resto de la población, cuyo objetivo es neutralizar a ese enemigo. “Y si ya la sensibilidad actual no nos permite eliminarlo físicamente, entonces eliminémoslo socialmente, reteniéndolo el tiempo que sea necesario. Entonces la reclusión, no tomada ya como pena, sino como medida de seguridad”, explicó.
Luis Pedernera, del Comité de los Derechos del Niño, dijo por su parte que el proyecto viene a “coronar un escenario donde la impronta de la inseguridad está muy presente en la sociedad: la gente pide más castigo, y el mensaje que da el sistema político va en esa línea, más castigo”. Alertó respecto a que el proceso acusatorio se llevará adelante “en la misma estructura judicial que tenemos ahora”, donde entre varias carencias, destaca la ausencia de la defensoría pública. Si bien el proyecto establece la creación y el fortalecimiento de recursos para la Fiscalía y los tribunales de apelaciones para adolescentes, nada dice de los defensores. Sobre este punto, Crotti recordó que el 90% de los adolescentes en conflicto con la ley penal recurren a una defensa de oficio.
Tanto Crotti como Pedernera destacaron la figura de la mediación, como herramienta para la resolución de conflictos. “En el caso de niños, donde la mayoría de los delitos son de escasa entidad, donde el bien jurídico afectado es prácticamente mínimo, hay una oportunidad fundamental, porque está conformando su personalidad y la experiencia de asumir responsabilidad frente a la persona a la que le produjo daño es relevante”, concluyó Pedernera.
