Ayer se llevó a cabo el seminario internacional “Educaciones y discapacidades. Infancia y adolescencia: conceptualizaciones, enfoques, conceptos”, que permitió debatir sobre las distintas temáticas, a la vez que pensar el rol de los distintos actores sociales para lograr una verdadera educación inclusiva.
Jorge Méndez, responsable del área educativa del Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis), dijo que el seminario fue pensado como un espacio “plural” en el que promover la reflexión sobre “educaciones y discapacidades”. A su vez, destacó la convergencia de educadores y familiares de personas con alguna discapacidad, la posibilidad de “juntarse para trabajar este tema que está un poco quedado atrás”.
En este marco resaltó el interés por el seminario: “lanzamos la convocatoria el 29 de octubre y el 1º de noviembre tuvimos que cortarla porque teníamos capacidad para 140 y más de 600 personas quisieron formar parte”, contó.
Durante el seminario, representantes de la Comisión de Educación de la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad (CNHD), hicieron referencia a algunos artículos de la ley Nº 18.651 de Protección Integral de Personas con Discapacidad, aprobada en febrero de 2010. La norma establece que tanto el Ministerio de Educación y Cultura, como la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), deberán garantizar a las personas con alguna discapacidad, “desde la educación inicial en adelante” y en “todos los niveles del sistema educativo nacional”, los medios necesarios para que puedan desarrollar al máximo sus “facultades intelectuales, artísticas, deportivas y sociales”. Pero según la CNHD, la ley no se cumple, y el sistema educativo “deja una cantidad de excluidos”, según afirmó Maria Helena Viana, integrante de la CNHD por el Consejo Directivo Central de la ANEP.
Para Viana, hay una contradicción entre cierto discurso de “trato igualitario” y la realidad. “En el caso de los alumnos con barreras para el aprendizaje, consagra la desigualdad. Si yo trato igual al que es desigual, lo que hago es perseverar la desigualdad”, consideró.
Remarcó que la responsabilidad para la inclusión debe ser compartida entre el Estado, la sociedad civil y las propias familias, y no quedar librada al “voluntarismo” de algunos docentes o instituciones educativas. “Lo que hace difícil la vida del discapacitado es el pensamiento que se acciona en los demás”, concluyó.
